Analisis de la Corrupción en el Peru

12. El Círculo de Retroalimentación entre el Poder Político y las Economías Ilícitas

Ambos, el poder político y las economías ilícitas, mantienen una relación de fortalecimiento mutuo. Las secciones anteriores muestran un circuito autosostenido en el que actores económicos ilícitos y poder político no solo coexisten, sino que también crean activamente las condiciones para su beneficio y supervivencia mutuos. Los políticos recurren a recursos provenientes de actividades ilegales para ganar influencia o mantenerse en el poder, mientras que las economías ilícitas se benefician de la protección o de la falta de acción por parte de los gobernantes. Esto crea un círculo vicioso en el que ambas partes se apoyan y se benefician mutuamente. Todo cae en su propio lugar: un esquema de sobornos de un conglomerado de la construcción. Un caso de financiamiento de campaña anulado de una presidenta. Un sector minero informal. Una red extranjera de trolls. Una prensa concentrada. La relación funciona en ambos sentidos y por eso sigue existiendo y expandiéndose a lo largo de los ciclos electorales, aunque cambien los actores específicos.

Los actores ilícitos necesitan, ante todo, protección política para operar a gran escala. Odebrecht hizo modificar las reglas de contratación a su favor para ganar el Gasoducto Sur Peruano y otros contratos (Sección 5). La minería ilegal requiere que los plazos de formalización del REINFO permanezcan siempre abiertos (Sección 8). Las redes de narcotráfico y de tráfico de tierras necesitan fiscales que no procesen y registros de tierras que no registren. Ninguno de estos actores podría generar ingresos a gran escala sin un Estado que coopere activamente o prefiera no intervenir.

Para asegurar esa protección, los actores ilícitos pagan para obtener y mantener el poder político. Las formas de ese financiamiento han cambiado, pero no han desaparecido. Incluyen el soborno corporativo y los contratos de obra pública inflados en la era de Odebrecht (Sección 5). También existe una economía de la minería ilegal que hoy se estima en $4.600 millones al año y que, en teoría, es capaz de financiar miles de campañas (Sección 8). En su versión más reciente, compran infraestructura sofisticada de desinformación y bots (Sección 10). Este último elemento funciona como un servicio de campaña, al igual que un soborno minero o una coima de construcción. La diferencia es que se paga a consultores políticos en vez de funcionarios, y su financiamiento, como la red de Cerimedo, es tan opaco como cualquier caja de sobornos.

Los políticos que reciben este apoyo tienen un motivo constante para mantener las condiciones que lo posibilitan, no solo en beneficio de quienes los financian, sino también en beneficio propio. Esta es la otra mitad de la relación. Los funcionarios elegidos que enfrentan el sistema de partidos fragmentado y sin fondos de Perú (Sección 1) tienen pocas opciones legales para financiarse. Esto los hace depender de los financistas mencionados antes, y así ganan un interés propio en mantener débil el control. Esto se ve en un bloque multipartidario en el Congreso que, una y otra vez, extiende los plazos del REINFO (Sección 8). También se nota en un Congreso que, a lo largo de la historia, ha hecho menos estrictas las reglas de financiamiento de campañas y los filtros para candidatos con antecedentes de corrupción (Secciones 1 y 8). Se refleja en propuestas como la «Ley Mordaza», que aumentarían el riesgo legal de informar sobre esta situación (Sección 9). Además, se ve en el debate sobre la reforma de los nombramientos judiciales, donde el mismo organismo que debería proteger a los jueces de la presión política está siendo sustituido por la clase política que debería vigilar (Secciones 1, 13).

El entorno informativo determina si el público puede ver el círculo con claridad suficiente para romperlo en las urnas. Un mercado mediático en el que unos pocos dueños, conectados comercial e históricamente, controlan entre el 70% y el 84% de la circulación, la publicidad y la audiencia (Sección 11) suele fiscalizar menos a los candidatos que comparten su carril político. Esto ocurre debido al peso acumulado de un siglo de práctica institucional. Cuando la concentración de los medios no basta para controlar una narrativa, se recurre a la desinformación pagada para llenar el vacío. Se fabrica la apariencia de apoyo popular, se desacredita a candidatos rivales y a periodistas críticos y, en el caso de «Ojo de Cóndor», se siembran dudas sobre la legitimidad del propio conteo (Sección 10). Al final se produce el mismo resultado: disminuye la probabilidad de que los votantes decidan por sí mismos de manera informada.

Finalmente, el círculo se cierra y, muchas veces, sobrevive a su propia exposición. Cuando una parte del mecanismo se hace pública, como un acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht o una persecución del Caso Cócteles, la respuesta del Estado ha sido resolver únicamente el tema financiero de inmediato, por ejemplo, retener las ganancias conforme a la Ley 30737 o exigir el pago de una reparación civil a una empresa. Pero los incentivos que originaron el problema siguen intactos. En el caso de Fujimori, el propio proceso reapareció en varias ocasiones durante diez años, pero no terminó en una condena ni en una absolución clara, sino en una anulación procesal que se produjo pocos meses antes de que la acusada ganara la presidencia (Sección 7). Así, el mecanismo que debía romper el ciclo se redujo a una etapa más. Los actores ilícitos concretos varían con el tiempo. Un conglomerado de la construcción brasileña es reemplazado por redes mineras informales y consultorías políticas transnacionales. Sin embargo, la relación estructural en la que están insertos sigue igual, porque nada en la tercera y la cuarta etapa se ha desmontado, en realidad.

Esto importa para la reforma (secciones 13 y 14) porque cualquier intervención aislada, dirigida a una sola etapa del círculo, probablemente será eludida más que resuelta. Perseguir penalmente a una empresa corrupta sin corregir también el financiamiento partidario deja abierto el camino para el próximo financista. Retener las ganancias de la venta de una empresa sin renegociar los términos de la concesión que obtuvo de forma corrupta (Sección 6) deja intacta la ventaja incrustada, sin importar quién sea el dueño del activo. Aprobar una cláusula antimonopolio sin un organismo fiscalizador independiente del gobierno de turno (Sección 14) deja intacta la cuarta etapa. El círculo sobrevive porque las reformas solo abordan lo más visible: el escándalo de turno, en lugar de abordar la interdependencia estructural entre partidos débiles y corruptos, el financiamiento no fiscalizado, la información concentrada o manipulada en los medios y las economías ilícitas que los financian.

13. Consideraciones de Política Pública: Financiamiento Ilegal de Campañas y Desinformación Digital

La síntesis de la Sección 12 señala dos aspectos cruciales del círculo que ni la reforma anticorrupción ordinaria ni la reforma que introduzca pluralismo mediático abordan del todo por sí solas: el canal de financiamiento que va de la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras hacia las campañas (Sección 8), y el canal más nuevo que pasa por la infraestructura de desinformación comprada (Sección 10). Los siguientes enfoques responden a esto de manera específica. Dar a las autoridades electorales capacidad forense real. La ONPE y el JNE no cuentan hoy con herramientas de investigación para rastrear contribuciones realizadas a través de intermediarios y donantes de fachada. Encargar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), que ya revisa casos de lavado de dinero, un control paralelo del financiamiento de campañas, que usaría la infraestructura existente en lugar de crear una nueva agencia desde cero.

2.Aislar los plazos de formalización del REINFO de los legisladores que se benefician de retrasarlos. Encargar esa función a un organismo técnico independiente, en lugar de al propio Congreso, eliminaría el conflicto de interés directo documentado en la Sección 83. Pedir transparencia sobre los beneficiarios finales de las concesiones mineras y sobre las empresas fachada, que suelen utilizarse para lavar ganancias provenientes de actividades ilícitas destinadas al financiamiento político. Así se cierra el vacío de «financiamiento desconocido» que se discute en las secciones 8 y 10.10.

4.Extender las herramientas de decomiso de activos al financiamiento político ilícito específicamente, siguiendo los modelos de decomiso civil ya usados contra las ganancias del narcotráfico, combinados con protección e incentivos para informantes dentro de consultoras o empresas fachada5. Financiar la fiscalización de la regulación de la manipulación por IA del Perú de 2025, no solo de su texto. Se necesita una unidad técnicamente capaz y con personal suficiente para que el Decreto 115-2025-PCM, Sección 10, no sea más que una prohibición en papel.

6. Exigir transparencia a nivel de plataforma implica divulgar, de forma auditable y legalmente obligatoria, el gasto publicitario político y las cuentas coordinadas. Esto reemplaza las herramientas voluntarias de las plataformas. También incluye protocolos de etiquetado de respuesta rápida, coordinados con las autoridades electorales durante los periodos activos de campaña.

7. Buscar la cooperación entre países, siguiendo el modelo del marco multinacional de colaboración eficaz que desmanteló la red de Odebrecht (Sección 5). Como operaciones como la de Cerimedo son claramente transnacionales y abarcan Perú, Chile, Bolivia, Argentina y Honduras (Sección 10), un mecanismo regional para intercambiar información e investigar de forma conjunta, posiblemente a través de la OEA o de un organismo regional andino, se ajustaría mucho mejor al tamaño del problema que las investigaciones nacionales separadas y sin coordinación.

8. Dar apoyo legal a los medios de investigación que ya realizan este rastreo, como IDL-Reporteros, Ojo Público y Convoca. Así se evita que el riesgo de la «Ley Mordaza», explicado en la Sección 9, limite la cobertura que requieren estas reformas para funcionar.

14. Posibles acciones de política pública I. Reforma anticorrupción

Datos de la OCDE, estudios comparados latinoamericanos y reportajes específicos del Perú sugieren:

1. Cerrar la brecha asimétrica en la rendición de cuentas y promover la responsabilidad corporativa mediante la inhabilitación, las multas y los plazos de prescripción extendidos, aplicados tanto contra quienes pagan sobornos como contra quienes los reciben [4].

2. Aislar a los jueces y fiscales de la interferencia política. El Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE envió una misión de alto nivel a Lima en enero de 2025 precisamente por esta razón. [9].

3. Hacer más profesional la contratación del servicio civil a nivel subnacional. Así se puede reducir el clientelismo como moneda política.

4. Combinar la descentralización con la capacidad de fiscalización. Ampliar el personal de la auditoría regional de la Contraloría y exigir tableros públicos de contrataciones en tiempo real.

5. Reformar el financiamiento político haciéndolo público y facilitando su fiscalización. Las reglas de financiamiento de la ONPE de 2025 son un paso parcial en esa dirección.

6. Hacer más fuertes a los partidos como instituciones duraderas. Condicionar su inscripción a que cuenten con democracia interna y con transparencia financiera.

7. Dar protección a la prensa y a los medios independientes y de investigación, que han revelado casi todos los grandes casos de corrupción en Perú.

8. El ciclo de reformas fallidas: un patrón recurrente de fracaso en los esfuerzos de reforma tras ventilarse cada escándalo luego de la indignación pública. Cuando la clase política implicada controla la implementación. Las soluciones que de verdad perduran suelen ser las menos dependientes de la buena voluntad continua de quienes están en el poder. Ejemplos de esto son la divulgación automática, los organismos independientes con mandatos fijos y el monitoreo externo [Baker Institute; Americas Quarterly, citados en turnos previos].

15. Consideraciones de Política Pública II. Reforma de Monopolio para un Pluralismo Mediático

1. Dar dientes reales de fiscalización a la cláusula constitucional antimonopolio del Perú (artículo 61). Para eso, se debe contar con una autoridad competente con facultades para revisar y bloquear fusiones mediáticas antes de que se cierren. Esto evitaría que se determinara el estatus de monopolio años después, como ocurrió con la fusión entre El Comercio y Epensa en 2013 [77, 78].

2. Pedir que la información sobre la propiedad sea pública y permanente. Los registros que las ONG, como MOM Perú, han creado deben ser un requisito legal y no algo voluntario.

3. Cambiar la forma en que se otorgan las licencias de espectro y de radiodifusión. Reservar una parte importante para radiodifusoras regionales, comunitarias, indígenas y sin fines de lucro.

4. Garantizar una independencia editorial real para el radiodifusor estatal (IRTP), separada de cualquier gobierno en funciones, como propone el Consejo de la Prensa Peruana [80].

5. Financiar de forma sostenible a los medios digitales e independientes de investigación, ya que las salas de redacción nativas de internet, como Ojo Público, IDL-Reporteros y Convoca, hoy sostienen gran parte de la diversidad informativa del Perú.

6. Prevenir la captura del propio remedio. La historia del Perú incluye propuestas de ley de medios en competencia. La reforma constitucional de Castillo de 2022 y la «ley de medios» más cuestionada de Perú Libre son ejemplos. Las herramientas anticoncentración podrían convertirse con la misma facilidad en instrumentos de control de contenidos en manos de quien gobierne. Los organismos fiscalizadores deben estar tan aislados de los funcionarios de turno como de los propietarios de medios que regulan [79]. Un fiscalizador que no rinde cuentas simplemente traslada o replica el círculo en lugar de romperlo.